La ley y el desorden

(setiembre 2010)



La ley y las reglamentaciones son agentes muy activos de desorden, como parece demostrar los recientes hechos de la ciudad de Piriápolis, donde agentes policiales fusilaron practicamente un conductor que conducía sin libreta y con exceso de velocidad contravenciones municipales que debían ser controladas por los funcionarios específicamente designados y entrenados para ello como son las policías municipales de tránsito.

El control de tránsito es una responsabilidad exclusivamente departamental, y para ello los intendentes tienen una plantilla policial municipal de funcionarios que tienen ese cometido específico.

Sin embargo es un área, que el Ministerio del Interior suele incursionar, aparentemente, porque teniendo en absoluto orden los temas de su cartera, dedican sus recursos excedentes al control de tránsito.

Desde luego que es una mala política, por razones jurídicas y políticas. Se otorgan mayores competencias a un monstruo burocrático, que pone funcionarios que no están capacitados para el manejo del tránsito sino para otro tipo de situaciones.
El Ministerio del interior se había retirado del control de tránsito durante muchos años, lo que además de ser una política sana de descentralización, era el cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales que atribuyen esa función a las Intendencias, y no al Poder Ejecutivo Nacional (excepto en las carreteras nacionales).

Sin embargo, durante el Ministerio de la Maestra Daisy Tourné, se volvió a conceder a la policía injerencia en el control de tránsito y multas contrariando el sentido común, y sobre todo que el Ministerio del Interior, estaba en ese momento muy lejos de garantizar a los ciudadanos un mínimo de seguridad contra delitos violentos que era la mayor preocupación de la opinión pública.

Si bien hubo alguna voz discordante, (escribimos un artículo sobre el tema) se aplicaron una cantidad de agentes policiales al contralor de tránsito, inaugurándose el sistema con bombos y platillos el día de la nostalgia del año 2008 o 09, donde todo marchó a la perfección. En eso mismo momento, un problema en el Comcar terminaba con 5 presos muertos carbonizados, hecho que entre otros motivos, se debió a insuficiencia de personal.

El sistema continuó aplicándose a pesar del total descontrol en materia de seguridad, y la situación desastrosa en las cárceles uruguayas que motivaron inclusive observaciones de organizaciones de derechos humanos internacionales.
No hace mucho, el problema resurgió convertido en tragedia en Rocha, con la muerte de 12 reclusos carbonizados y 8 sobrevivientes.

Pero eso no inmutó a nadie, con la consabida bendición del comisionado parlamentario Alvaro Garcés, quien presentó un informe que no llegó a la población común, y que seguramente no comenzó por indicar las razones por las cuales estos 20 jóvenes estaban en esas espantosas condiciones que a la larga provocaron la muerte de 12 de ellos.

Se dijo que muchos de ellos estaban por delitos leves tales como trafico de cantidades reducidas de marihuana, o darle un golpe a un policía.

Finalmente una nueva tragedia llama la atención sobre el tema, y es una persona practicamente fusilada por infracciones de transito.

Alguien, debe pensar que está todo dicho sobre este tema de competencias de transito, pero no.

Ahora hay quien habla de un proyecto de ley, no para que cada organización se dedique a temas de su competencia, sino para penalizar con delitos punibles de hasta varios años de penitenciaría, la realización de picadas, y conducir con exceso de velocidad

. Aun de prosperar esta iniciativa, no necesariamente implicaría dar competencias al Ministerio del Interior en el tema del tránsito desplazando a las intendencias.Pero lo que seguramente se logra por ese camino es seguir llenando las cárceles de jóvenes inexpertos que se van a sumar a los consumidores y traficantes de drogas blandas, a las jovencitas que practiquen abortos, a pequeñas rebeldías. Ojalá que no se prendan fuego además.

Carlos Aparicio