Juegos peligrosos
(Diario La República, agosto 1999)
El delito está desbordando efectivamente a los mecanismos de seguridad ciudadana. La ineficiencia general del sistema y su fracaso práctico, pretenden atribuirse a libertades mínimas que la constitución confiere a la ciudadanía, cuya inmensa mayoría no es delincuente. A nivel gubernamental se proyecta limitar o anular libertades básicas, a cambio de una seguridad imprecisa y discutible. De los monumentales defectos que causan la ineficiencia real del sistema penal, no se dice nada.
El Ministro Stirling, manifestó que está dispuesto a impulsar en el parlamento una reforma constitucional que aumente a 24 horas el plazo que según el Ministro otorga la Constitución para llevar a los indagados ante el Juez competente.
Se suma así, a un proyecto promovido por el senador Millor, en el cual se amplía a 4 días, y en determinadas condiciones a 14 días el plazo para dar intervención a la Justicia. Una de estas condiciones es la imputación de consumo o tráfico de drogas, por lo que la tenencia injustificada de una lata de pegaprén, puede hacer caer todo el sistema de garantías constitucionales a circunstancias que podrían provocar la envidia de cualquier dictadura subdesarrollada.
Llama fiuertemente la atención la débil defensa que la Suprema Corte de Justicia hizo de la Constitución de la República en esta materia y el comunicado del Presidente Dr. Alonso de Marco, parece sugerir: "que le echen la culpa a la Constitución y no a los Jueces."
El sistema de seguridad ciudadana está inspirado en el derecho romano de la decadencia, y luego siguió la sombra Napoleónica, que es su guía espiritual real. Tenemos así una de las policías mas grandes del mundo (en relación del número de efectivos con la población), con una centralización sorprendente.
La necesidad de descentralizar el sistema para hacerlo mas eficiente parece algo ineludible, y de lo cual no se habla.
De las instituciones hacia las cuales se impone la descentralización, las primeras parecen ser las Fiscalías penales, a las cuales se les debe otorgar la facultad de la trasacción penal. En Uruguay existe un proyecto de arrepentidos presentados por el Dr. Ramírez, el cual no ha recibido aprobación hasta la fecha, posiblemente porque nadie se dignó estudiarlo aunque esa misma gente luego corre tras de un proyecto de reforma constitucional para eliminar derechos y garantías.
También existen buenos proyectos en el tema de los jurados populares y de juicio oral en materia penal, pero no se habla mucho de estas cosas.
Es necesario también reformar el proceso penal, levantando el velo de secreto misterioso que los cubre, dar participación a los ciudadanos, instituir jurados penales, abrir los procesos a la prensa, proteger a los informantes policiales, y a testigos importantes de delitos.
Estas reformas son indispensables y no es necesaria para su ejecución de gastos exhorbitantes ni de atropellar a los derechos de los ciudadanos hones-tos.
Felizmente la democracia uruguaya, impone el plebiscito para aprobar las reformas constitucionales, y el sentido común que es el que en definitiva sella la suerte de estos pronunciamientos populares parece inclinarse claramente a dejar las cosas como están en materia de garantías y reformar las cosas que realmente deben ser reformadas, que son muchas en el tema de la seguridad.
Carlos Aparicio