El revés de la trama

(Diario La República, 15/11/1995)


Los norteamericanos son mas ricos que los uruguayos. En base a ello, un taximetrista gana allí 5 veces más que en el Uruguay. De la misma forma un Juez norteamericano gana entre 4 y 5 veces más que su similar uruguayo. Sin embargo un profesor de derecho en los Estados Unidos, gana 80 veces más que su similar Uruguayo.

En sus discursos sobre Educación Jurídica, el Maestro Couture solía enfatizar que la Facultad de Derecho Uruguaya de la década de 1950, tenía un claro liderazgo en los estudios jurídicos en el área de latinoamericana.

Puede ser que fueran así las cosas en la época de Maracaná, pero hoy soplan otros vientos, y la Facultad de Derecho de Montevideo no es precisamente el ejemplo de una Facultad del siglo XXI. Si bien dispone de un imponente y excelente edificio, el mismo luce notorias fallas de mantenimiento y conservación que dan al todo un aspecto decadente acorde a otros aspectos menos visibles de la educación jurídica.

Los métodos básicos de estudio son anticuados, en los hechos provienen del siglo dieciseis. Los esfuerzos de cambio lucen insuficientes, y aún despiertan muchas resistencias algunas experiencias piloto (grupos reglamentados) destinadas al cambio. Demás está decir que la razón de las resistencias es la presupuestaria. La biblioteca tiene un acervo antiguo, de difícil recuperación. En este momento no se está recibiendo ni una sola suscripción de revista jurídica proveniente de Estados Unidos.

Desde luego que la razón principal de esto, es la presupuestaria.

Los programas de investigación, tímidos e incompletos, tuvieron que ser suspendidos, por razones presupuestarias.

Finalmente, se encuentra en consideración, la suspensión (o licenciamiento) de 600 de sus 960 profesores, no por razones de mejor servicio, o para modernizar sus enfoques, sino que como el lector podrá imaginar a esta altura del discurso la razón es exclusivamente presupuestaria.

Fue la gota de agua que desbordó el vaso, y más de 100 profesores reunidos en Asamblea decidieron la huelga general, con un fuerte cuestionamiento a la autoridad universitaria, principal responsable de la situación de miseria material de este centro de estudios, sin perjuicio de señalar también otras carencias provenientes de un escaso presupuesto global para la universidad.

Los estudios de derecho integran el área de estudios más caros en el mundo, junto con los de medicina, no obstante en Uruguay se tiene otra opinión.

La comunidad uruguaya contribuye con un aporte económico de 1.150 dólares al año por estudiante. Esta cantidad es exigua aún comparada con nuestros vecinos latinoamericanos (3750 Argentina; 2630 Paraguay; 11523 Brasil).

Pero si esta cifra fuese vertida directamente a la Facultad de Derecho, sería una fortuna comparada con los actuales standards.

La universidad central vierte en Derecho, solamente el 3.6 % del presupuesto universitario, cuando Derecho absorbe casi el 20% del alumnado total de la universidad. El alumno de derecho entonces, dispone de una contribución societaria que está entre un cuarto y un quinto del aporte comunitario.

El profesor de derecho, es uno de los profesores peores pagos en el mundo siendo además de los peores pagos dentro de la propia universidad de la República.

Si bien, nominalmente el precio de la hora docente es igual para toda la Universidad, en los hechos, las asignaciones horarias son muy diferentes, y para un trabajo similar, la Universidad suele asignar 30 horas, mientras que ese trabajo en Derecho tiene una asignación de seis o 10 horas.

Desde luego que el servicio se ve resentido y el producto final de la actividad de Facultad tiene una tendencia a largo plazo, a responder al desprecio económico al cual se lo somete, como todo producto económico y todo servicio.

Llegado a este punto muchas personas pueden preguntarse, ¿cual es el producto final de una Facultad de Derecho?

La formación profesional de abogados y escribanos parece como el fin primordial, dotarles de instrumentos técnicos para interpretar los valores nacionales, adecuarlos a las realidades sociales y hacerlos funcionar con equilibrio y eficiencia parecen fines que pueden estar fuera del alcance de una institución sin nada de dinero. Cuando hablamos que la seguridad pública es insuficiente, que el proceso penal tiene un atraso secular, que la corrupción está practicamente fuera de control, que el Estado y la burocracia son caros y las organizaciones de control son inoperantes, nos referimos a muchas cosas, pero básicamente a insuficiencias en la formación de profesionales que deben hacer cumplir las leyes.

En los hechos, un fracaso institucional escandaloso, suele ser precedido por un fracaso discreto de la formación jurídica unos 20 años antes.

Mas allá del sistema jurídico muchas personas piensan que es imposible que el ciudadano medio pueda desarrollar lealtad hacia un orden jurídico que lo victimiza, y se ve que particulares concepciones del derecho son responsables de la inestabilidad constitucional e incluso el creciente subdesarrollo latinoamericano.

El promedio de vida democrática de un estado latinoamericano, desde la independencia a nuestros días, no supera los quince años. Esto es cierto aún para Uruguay, si se considera la volatilidad de las instituciones jurídicas durante la vigencia de la Constitución de 1830.

Con diez años de vida democrática desde la caída del último gobierno de facto, nos acercamos peligrosamente al tiempo promedio de vida democrática en América Latina, y la necesidad de robustecer las instituciones y hacer eficiente el funcionamiento jurídico civil y penal parece evidente a todo el mundo.

En los hechos Perú se encuentra nuevamente bajo un gobierno de facto, y se han decretado recientemente estados de sitio en Argentina, Bolivia, y Colombia. Los profesores de derecho quieren ganar más, no mucho, sino solo 4 o 5 veces menos que los países desarrollados.

Para eso piden se suba la participación presupuestal de la Facultad de Derecho en el presupuesto universitario de un 3.6% actual a un 18%, que es el porcentaje de la población estudiantil universitaria que atienden (menos una deducción razonable para las oficinas centrales universitarias).

Bien miradas las cosas, y a la luz de las dificultades, no parece excesivamente caro.

Carlos Aparicio