Una mala idea
(Diario La República, 26/6/2006)
El proyecto que impulsa el PIT-CNT sobre anulación de la Ley de Caducidad, plantea fricciones inútiles y peligrosas. Los verdaderos problemas para evitar futuros desbordes de autoridad se encuentran en otro lado y sin resolver.
Antes de dejar su decanato, el doctor Abal Oliú jerarquizó los estudios de Derecho Romano, de forma tal que se convirtieran en una apología del Imperio Romano de la Decadencia.
Esto se hizo en silencio, sin discutir y a espaldas del público y la propia Facultad. El problema es que a estos enfoques del derecho suele atribuírsele responsabilidad en fomentar los totalitarismos y en el desprecio a la democracia en general. Esto es lo que afirma Jollowicz (Political Implications of Roman Law); Churchill, Wiston (A History of the English-Speaking Peoples, vol.1"; más recientemente Siedentop, Larry; Democracy in Europe, New York (2001); entre otros.
Además de estas reformas recientes, tradicionalmente abogados uruguayos salen de Facultad sin ninguna formación en participación popular en la justicia y la policía. Tampoco formas equitativas de proceso administrativo. Con eso se asegura que si la población despertase de su sopor autoritario, que en muchos temas viene de la época de Terra (1933) no cuente con profesionales de derecho competentes, para aplicar los principios básicos constitucionales de libertad.
En este entorno, surge esta campaña de anulación de la Ley de Caducidad.
El argumento básico es endeble: si se logra punir los actos políticos ilegales e inmorales de los gobiernos de facto, en el futuro, habrá menos personas dispuestas a colaborar con este tipo de gobiernos, de forma tal que incluso habrá menos gobiernos de estas características.
Este argumento es falso. El entorno político de los gobiernos totalitarios es también totalitario, y el Uruguay de los años 70-80 no fue la excepción. La gente piensa que el gobierno totalitario es omnisciente, y que durará para siempre.
Estas instituciones eran relativamente difíciles de cambiar por la herencia colonial española, tributaria a su vez de las instituciones romanas de la decadencia, que como una novísima joya se presentan a partir del año pasado a las nuevas generaciones que ingresan a la Facultad de Derecho.
Pero hoy es diferente.
La España moderna vuelve a sus raíces, y hoy tiene todas las instituciones que los próceres americanos diseñaron para sus pueblos (y que no fueron aplicadas).
Un proceso penal por jurados, una policía con sindicatos policiales y descentralizada en diversos cuerpos, amplia descentralización hacia las fiscalías, la posibilidad de transar las acciones penales, una organización federal que funciona, hacen que los españoles tengan un proceso penal ejemplar.
Lo mismo, aún en mayor grado cabe decir de los portugueses.
Hasta los argentinos se han decidido a cumplir con su propia Constitución de 1853, y hoy en forma tambaleante están exhibiendo al mundo las primeras sentencias de sus jurados populares que han entrado en vigencia luego de más de 150 años de hibernación.
En este entorno oscuro y peligroso, donde nada importante se ha modificado, y lo que es peor, nada importante piensa modificarse, surge este proyecto de derogar la Ley de Caducidad.
Empujar a la gente armada a la desesperación siempre es peligroso, cuando esto es inútil es además estúpido.
Hay algo que se puede rescatar de este movimiento y que es una buena idea. Decir de una vez por todas: "Nunca mas"
Pero eso no es fácil y el camino no será el que los sindicalistas se imaginan.
Carlos Aparicio