Seguridad ciudadana a cambio de Derechos Humanos
(Diario La República, 9/3/1997)
Se están manejando a nivel gubernamental ideas peligrosas para la democracia e inútiles en la lucha contra la delincuencia.
Dicen que la política es el arte de lo posible. La afirmación no tiene sentido mayormente por que lo posible varía mucho entre dis-tintas personas y entornos culturales. En realidad el éxito de la frase estriba que con una pequeña inflexión se convierte en que la política es el arte de lo fácil, y dado que no hacer es mucho mas fácil que hacer, viene a continuación el inmovilismo y aún la petrificación.
Estas ideas vienen a la mente a raíz de las actitudes del Ministerio del Interior sobre el tema de la seguridad ciudadana.
Desde hace muchos años ya es evidente la necesidad de un reforma radical del dispositivo judicial-policial uruguayo no obstante lo cual se insiste desde el gobierno, so pretexto de realismo, en la reforma dentro del entorno existente, y si bien son indudables las buenas intenciones, la consigna parece ser: más de lo mismo.
El problema aparece cuando "lo mismo" está agotado.
El tema de la represión aparece gobernado por un proceso pe-nal secreto y separado de la gente.
La institución policial sufre por lo menos, una enorme crisis de valores y a lo más problemas de corrupción muy extendida en sus mandos ejecutivos.
En un ámbito más amplio que el poder ejecutivo, en el país se están manejando conceptos mas tranquilizadores:
Fue presentado en Cámara de Diputados un proyecto de jurados populares por el diputado Olivar Cabrera (de la coalición gubernamental), que sin ninguna duda es un acierto de oportunidad y de forma.
Asimismo hubo un proyecto de reforma procesal que se presentó por la Suprema Corte de Justicia con soluciones excelentes y oportunas para el tema que ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la población.
El proyecto de Olivar Cabrera, parece no figurar en las ideas del gobierno, y el adecuado proyecto de la Corte, naufragó en un mar de modificaciones que lo convirtieron en el irreconocible proyecto del ejecutivo, llamado Piaggio, y que, de ser aprobado, amenaza por sí sólo en dejar de hacer funcionar las pocas partes que marchan en el sistema penal uruguayo.
Pero el cúmulo de timideces, facilismos y contradicciones que rodean el tema de la seguridad ciudadana palidece a la luz de los peligrosos disparates que el senador Millor y el sub-secretario del Ministerio del Interior Dr. Lamela acaban de plantear ante el poder ejecutivo, de los cuales nos referiremos a dos:
La legítima defensa presunta para funcionarios policiales.
La extensión del plazo de detención por averiguaciones a 4 días.
Con relación al primer tema, cabe expresar que todo el planteo se origina en un error jurídico de senador Millor, y de sus asesores.
La legítima defensa, siempre se presume, porque a las personas se les presume inocentes (excepto que se demuestre lo contrario) y si alegan legítima defensa habrá que demostrar la culpabilidad.-
Este proyecto pretende sencillamente quitar el derecho de legítima defensa al resto de la población, los que si quieren hacer valer cualquier derecho, deben ir a hacer la cola en la Comisaría del Barrio para hacer una denuncia, pero jamás intentar una legítima defensa.
Algo de esto ya está insinuado en el actual Código Penal, basado en esto en su similar redactado bajo Moussolini.
El Estado es todo, el individuo es nada.
En base a esta filosofía por ejemplo, estuvo meses presa la joven Mónica Bertrand, una chica de Maldonado que después de haber sido amenazada, su domicilio fue violado por quien la amenazó, borracho con la intención de violarla sexualmente, y la chica se defendió y lo mató.
No sólo estuvo meses presa, sino que su expediente duró aproximadamente un año, luego del cual se pretendió hacer valer un análisis que aparentemente daba restos de marihuana en la joven, el día de la agresión para volverla a prisión.
El expediente tiene mas de tres años y que el suscrito sepa no hay cosa juzgada sobre la inocencia de la chica. Posiblemente no la habrá nunca, y la pobre muchacha vivirá el resto de sus días con la amenaza de una acción penal por los sucesos.
Pero los textos de Mousolini no son suficientemente claros, y entonces viene este proyecto, donde allí, sí se aclara totalmente: los únicos habilitados a ejercer la legítima defensa son los funcionarios policiales.
Pero allí no termina la cosa:
Se desea variar el plazo de detención por averiguaciones policiales-administrativas al plazo de 4 días.
La detención por averiguaciones se hace sin orden judicial, y la persona detenida no tiene asistencia de abogado, en los hechos queda incomunicada (fundamentalmente de su abogado).
La persona averiguada no tiene porque haber cometido ningún delito, sino solamente haber sido propuesta por un funcionario policial como objeto de una averiguación, desde luego nadie sabrá jamás que es lo que el funcionario policial quiere averiguar o averiguó.
La Constitución uruguaya, no permite este tipo de detención ni por un minuto, a pesar de lo cual, hay disposición legales que la autorizan por 24 horas.
La elevación de este plazo a 4 días se viene escuchando desde hace algún tiempo:
El subsecretario del Ministerio del Interior Dr. Lamela, la hizo, y el Ministro de la Corte de Justicia Dr. Mariño, también se le escuchó.
La aceptación de un instituto de esta naturaleza, implicaría la existencia de verdaderos desaparecidos en la democracia.
Obviamente un plazo de detención tan extenso es para efec-tuar torturas en los interrogatorios, y de por sí, el sólo hecho de la detención por un plazo tan extenso implica una tortura sicológica.
Si con derechos humanos vigentes no tenemos seguridad, mucho menos la tendremos con derechos humanos básicos renunciados a favor de una burocracia policíaca que precisamente es parte del problema de la seguridad.
Es muy seguro vaticinar que de aprobarse estos sin-sentidos el pueblo, se quedará sin derechos y sin seguridad.
Por ahora, la soberanía radica en el pueblo, y el tema de la seguridad ciudadana será seguramente uno de los principales de las próximas elecciones:
Para quien ha sido robado varias veces, y para las familias que se tienen que turnar para salir, deben decidir su voto, y esto, es un acto político. También para ellos, la política, es el arte de lo posible.
Carlos Aparicio