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Reiteradamente venimos informando, que el tema de la minoridad es tratado por sectores importantes de la opinión con criterios discepolianos.

Las razones para esa actitud no suelen explicarse con claridad, pero lo que todo el mundo entiende es que las personas que toman las decisiones en el tema, no tienen problemas severos de seguridad, y generalmente se encuentran sobre protegidos y seguros.

Las conductas equivocadas conducen a realidades no deseadas, y esta semana el país está lamentando la muerte de un agente policial penitenciario a manos de menores, y los hechos del hogar Ceprili, donde dos menores internados, fueron severamente reprimidos por una cantidad totalmente desproporcionada de guardas penitenciarios.

Los hechos denunciados tienen en común la gran repercusión mediática, el hecho de la coincidencia en las fechas, y el entorno socio-legal que los rodea.
Aunque la esencia de los mismos es diferente, ya que el caso de la Colonia Ceprili parece propio de una ópera bufa, y el asesinato del agente policial comparte los rasgos con una tragedia.

En el caso de la colonia Ceprili del Sirpa responde a hechos acaecidos en el carcelaje del instituto el 24 de julio de 2015.

Se hizo llegar a los medios un video sobre los acontencimientos, que básicamente es una especie de motín protagonizado por al menos dos menores, que efectuaron roturas de unas lozas, con el propósito aparente de obtener proyectiles.

Se presentan dos funcionarios que logran que los menores abandonen los proyectiles (no su actitud) a partir de lo cual, entra una cantidad desproporcionada de funcionarios (mas de 20).

En base a lo publicado no existe ninguna violación a los derechos humanos, por el hecho de usar esa cantidad de funcionarios para un sencillo procedimiento, y los menores no parecen tratados con crueldad.

Esto desde luego, de acuerdo al video publicado, y sin conocer como viene el problema de antes, lo cual seguramente quedará claro en algún momento.

La enorme cantidad de funcionarios utilizados deja entrever alguna sospecha, si no existe algún deficit físico en los funcionarios, o que al menos, alguien deba revisar su estado físico o alimentación.

Pero saliendo del capítulo de la opera bufa, se llega a la tragedia.

El 7 de agosto de 2015, el policía Marcos Melo, caía en una emboscada tendida, por adolescentes, se pensaba que eran 4, y aparentemente quedaron imputados 2, de 16 y 17 años.

Las imágenes, los nombres de los adolescentes, sus padres y demás responsables, se guardan en secreto, y sus nombres, según lo decidió un reciente plebiscito serán incluso borrados en el futuro, para que puedan iniciar su vida adulta con 0 ficha.

Así que el estado uruguayo subsidia el crimen, no solamente con prisión educativa, sino también coopera con el anonimato de los autores y sus entornos, y todavía se toma el trabajo de borrar los antecedentes.

Estas medidas se toman siguiendo al pie de la letra la teoría del estigma, que dice que un antecedente delictivo es recordado por la sociedad y retrasa o dificulta la resocialización de la víctima.

La teoría del estigma tiene una contracara particularmente dañina para la sociedad, y es que se presenta a la sociedad, principalmente a sus grupos juveniles ventajas concretas de la actividad delictiva que pueden en casos extremos sugerir a jovenes normales, caminos errados.

Hay que determinar además que el sistema educativo estatal no enseña valores, lo cual no quiere decir que no existan, pero no sería mala idea que los profesores ayudasen a las familias en este importante tema.

Finalmente habría que considerar introducir en la enseñanza la educación militar. Para los que nos formamos en un liceo militar, podemos dar fé que un número importante de jóvenes, han salido de los institutos militares con dignidad y respeto hacia sí y los demás.

Todas y cada una de estas sugerencias, tienen un costo. Pero seguir adheridos a la filosofía discepoliana de Siglo XX cambalache, puede comprometer la existencia misma del orden social.



Carlos Aparicio