La Seguridad Ciudadana
(octubre 2008)
Entramos en la etapa cíclica de cambiar libertades por seguridad, luego de la divulgación de encuestas que dan que un alto porcentaje de la ciudadanía (un tercio) aceptaría un gobierno militar a cambio de una razonable seguridad. Es lo que viene haciendo Latinoamérica en sus últimos 200 años de historia. Estas encuestas indican que los gobiernos democráticos están en peligro, y quizás justifique aunque sea por poco tiempo ponerse serio al tratar el tema.
Existe una cierta incompatibilidad entre las artes escénicas y la delincuencia. Cuando un delincuente es llevado a declarar, aparece totalmente cubierto de forma tal que ni los periodistas, ni la población podrán jamás conocer sus facciones o pelo. Esto deja de manifiesto la falta de vocación escénica de la persona filmada, aunque también sirve, para que el delincuente poco o mucho tiempo después se ande pavoneando por todos lados como el más honrado de los ciudadanos, y si decidiera reincidir, vería enormemente facilitada su labor.
Esto contrasta bastante agudamente, con un ciudadano honesto que no pagó una pequeña cuenta y que aparece en el clearing de informes por la eternidad.
Funciona. Hace algunos años estaba haciendo una investigación sobre un famoso proceso penal que terminó en 1937 (El Crimen de la Ternera ), y no pude verlo, porque el archivo de la Nación , se negó a levantar el secreto de un expediente penal 50 años después de su conclusión. Finalmente hablé con el Ministro de Cultura del momento: la Dra. Adela Reta, que como gran favor, me permitió examinar el expediente, casi como clandestinamente. No sirvió de mucho: lo habían robado.
El carácter secreto del proceso penal, es uno de los muchos subsidios que el Estado Uruguayo presta a la delincuencia, y que facilita su desarrollo. El pretexto: Si la gente conociera a los delincuentes, no les daría trabajo (en caso que lo pidan) cuando salen de la cárcel. Se llama la teoría del estigma, que es errónea a todas luces. El estigma funciona cuando hay poco trabajo, y la gente entonces estigmatiza a los gordos, los petisos, los negros, y por supuesto a los ex-delincuentes. La teoría del estigma debe ser sustituida por la teoría del perdón, cosa muy difícil en esta época, que la propia sociedad democrática tiene dudas sobre su propia sobre vivencia.
Hay algo poco serio en este tema de la seguridad ciudadana.
Cuando se habla de la inseguridad todo el mundo mira a la policía, cuando el verdadero responsable de eliminar la maldad de las calles es el sistema judicial.
En nuestro mecanismo constitucional, la policía es un mero auxiliar del poder judicial, en el tema de la seguridad.
Pero esto es solo el principio de un inmenso edificio de equivocaciones que logran que unos pocos delincuentes puedan prácticamente derribar las instituciones de una nación que no es muy celosa de sus libertades.
El sistema penal uruguayo, como el latinoamericano, se basa en el Código Penal Rocco, el Ministro del Interior de Mussolini, cuyo código Penal fascista fue imitado en toda América Latina, a la sazón gobernada por gobiernos autoritarios inspirados en el fascismo (Gabriel Terra en Uruguay).
Cuando viene la restauración democrática acompañando a un giro a favor de los aliados en la segunda guerra mundial, las instituciones fascistas latinoamericanas son revisadas.
Se basaban en que el Estado es ilustrado y altruista, ante el individuo ignorante y egoísta, por tanto en el conflicto entre Estado e individuo, todo para el Estado.
Se pensó además que el código Rocco, representaba una tecnología que no necesariamente tenía implicancias ideológicas, algo así como el Volks Wagen de los alemanes.
Después de la guerra estaban los buenos arriba, y no convenía descentralizar mucho al sistema penal.
En los hechos no se cambió nada, y todo esto era erróneo.
La legítima defensa fue limitada vigorosamente. En los hechos la inocencia se presume y la legítima defensa alegada también, lo que hay que probar son los motivos del delito y el dolo o la culpa, y esta carga corresponde a las fiscalías nunca a la defensa. En realidad Irureta Goyena, que fue quien realmente introduce la tecnología Rocco en nuestro derecho, vio el problema y no tomó partido en el tema y dejó a la jurisprudencia las soluciones concretas, que siguieron en general la soluciones de Rocco, y aún hoy se ve a los jueces salir a la opinión pública y decir que la legítima defensa debe probarse por los desgraciados ciudadanos que tengan la circunstancia de caer en manos de los delincuentes. En este momento hay presos por defenderse que no son pocos.
El otro gran tema, es el de la tenencia y porte de armas. Las armas están en manos de los dispositivos de seguridad, de la delincuencia (armas clandestinas) y de los ciudadanos honestos.
Todo el mundo está muy nervioso por las armas que tienen los ciudadanos honestos, y no pasa un semestre sin que surjan manifestaciones públicas o proyectos para desarmar a los civiles.
Pero los problemas siguen:
Las soluciones que se le ocurren a la gente, pasan por incremento de patrullaje, y aumento de efectivos.
El patrullaje es un buen medio de seguridad, aunque solo funciona con delincuentes muy cortos de vista.
El aumento de efectivos es también inconveniente. En los hechos tenemos una de las policías más numerosas del mundo en relación a la población del país. El aumento de efectivos conspira con una sentida necesidad de pagar salarios decorosos a los policías en actividad, entre otros problemas.
La policía uruguaya, es además una de las policías más centralizadas del mundo, concentrada en un solo organismo en el Ministerio del Interior y unas pocas policías privadas que funcionan mayormente como transporte de valores.
La enfermedad policial del centralismo, es posiblemente el punto mas grave de la eficacia del sistema penal. No es lo mismo mantener el orden en un liceo, que en un partido de fútbol, que enfrentar el crimen organizado o reprimir la droga. Todas estas tareas policiales cotidianas requieren distintos perfiles de personas y distintas formaciones.
En USA, existen 40000 cuerpos policiales independientes entre sí, y aún siguen existiendo. Esto equivale a que Uruguay tuviese 500 organizaciones policiales, inclusive universitarias, liceales, barriales, rurales, etc. (Tenemos una y algunas funciones a Prefectura Naval).
Pero el grueso de la actividad de descentralización debiera venir de las Fiscalías.
Son las fiscalías las responsables de llevar a la justicia la pretensión punitiva, y ellos debiera dárseles los medios y las responsabilidades de lograrlo. Esto incluye una ley de transacción penal para poder recompensar adecuadamente a los delincuentes que cooperen con la Justicia.
Las Fiscalías dependen del Ministerio de Cultura, que dentro de sus responsabilidades tiene a su cargo las pretensiones punitivas del estado, las bailarinas de ballet del cuerpo estable del Sodre, la sinfónica, y una enorme cantidad de liceales y escolares.
Es obvia la necesidad de un Ministerio de Justicia. Pero hablar de un Ministerio de Justicia, no está muy bien visto en Uruguay, a pesar que existe en casi todos los países del mundo.
Crear un Ministerio de Justicia, es poner todos estos problemas encima de la mesa, y hasta los cortos de vista se dan cuenta, que nadie en realidad quiere entrar en un cambio de estas dimensiones.
En el ínterin es posible que se entre en un regateo entre libertades y seguridad, y que como dijimos en el título, en unos pocos años veamos que nos quedamos sin libertades y sin seguridad.
Carlos Aparicio