Elecciones nacionales: Derecho a octubre
(Lo que no dicen las encuestas)
(agosto 2009)
Luego de las primarias de fines de junio, las posiciones entre gobierno y oposición aparecen muy parejas, aunque el Frente Amplio, por el momento ha perdido la mayoría absoluta que disfrutó en otro momento. La oposición parece liderada fundamentalmente por abogados con experiencia en Tribunales, esto le da una ventaja considerable en cuanto a enfoques de estrategia, planteos y oratoria que parece difícil descontar a esta altura. El resultado seria previsible fácilmente, sino fuera porque la oposición tiene sus puntos débiles que provienen, ay..., de que sus candidatos son abogados.
Se atribuye a Churchill, la frase famosa de que “la guerra es algo demasiado importante para que se ocupen los militares”, con una pequeña inflexión, y con mucho mayor razón habría que decir que el derecho es algo demasiado importante para dejárselo a los abogados.
A la evidencia nos remitimos.
Se llega a estas elecciones nacionales en un estado al menos difícil, en materia de seguridad, con índices muy elevados de delincuencia y sensación de inseguridad en la población muy elevada.
El verdadero y definitivo responsable de la seguridad, es la justicia, a quien corresponde establecer responsabilidades y erradicar la maldad de las calles.
En esta tarea cuenta con el indispensable apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional , quienes actúan principalmente como ayudantes del Poder Judicial.
Además de ayudar en el mantenimiento del orden, la policía actúa conjuntamente con otros organismos de seguridad privados, y con la actuación directa de la ciudadanía a través de instituciones legítimas de autodefensa.
La Justicia en materia penal, presenta notorias carencias, muchas derivadas de su carácter secreto y escrito, un elitismo fuera de lugar y un autoritarismo que deja traslucir su origen en la dictadura uruguaya de Gabriel Terra, inspirada por su similar italiana del momento a cargo de Benito Mussolini.
La situación es algo escandalosa incluso comparada con nuestros hermanos de América Latina.
Los Brasileños cuentan con un proceso por audiencias y elementos de participación popular muy firmemente asentados en las costumbres desde principios de siglo, que incluso sobrevivieron al proceso dictatorial de 1965.
Los argentinos tienen una constitución que es de las mejores de América Latina, que no ha dado los frutos que debía por sencilla razón que no la aplican.
En este momento se están haciendo febriles esfuerzos para hacerlo estableciendo juicios orales y jurados populares en todo el país, en una tarea muy difícil, ya que carecen de operadores capacitados para esta tarea por la actitud de las Facultades de Derecho, que sencillamente se niegan hasta a discutir cualquier reforma en serio del proceso penal.
La escritura y el secreto de los procesos lleva de la mano a otras instituciones retrógradas, como el presumario y el elitismo. La gente, aún en democracia no está acostumbrada a controlar los procesos y el secreto es celosamente custodiado por un cuerpo de funcionarios de una forma casi fanática. Cuando se cumplieron hace unos años, los 50 años del proceso llamado de la ternera, un conjunto de investigadores jurídicos pidieron para ver el expediente, el que les fue negado en una primera instancia, finalmente tampoco se pudo ver, porque había sido robado el expediente.
Muy recientemente, cuando se buscaba un sospechoso por el crimen de los jovencitos deportistas en el basquetbol, hicieron un identikit de los sospechosos, el que salió publicado en algún diario de la capital, pero le pusieron un antifaz.
Si un jovencito honrado deja de pagar una cuenta chica, aparece en los registros durante el resto de su vida, pero si alguien vuela un edificio, con la gente adentro, puede tener la seguridad, que nadie lo va a reconocer.
Las limitaciones a la publicidad de los procesos funcionan como un verdadero subsidio importante a la delincuencia a cargo del Estado uruguayo, que por lo visto, no está en discusión en esta campaña.
Felizmente parece que alguien hablará algo en cambio sobre el tema de la imputabilidad de los menores.
Muchos de estos menores, están capacitados para distinguir el bien y el mal, y debería dejarse ese hecho para la determinación judicial. Muchos de ellos están en condiciones de ser padres y de hecho también lo son.
Tampoco se discute mucho en esta campaña sobre el tema de la descentralización hacia las fiscalías de la pretensión punitiva, que es un elemento por demás necesario para la eficiencia del proceso y por ende, para la seguridad final de la población.
Tampoco se incluye en la discusión los elementos de autodefensa de la población, comenzando con la participación de las víctimas en el proceso penal, y elementos básicos de legítima defensa, que han sido conculcados por una jurisprudencia conforme a la ideología Rocco (Rocco es el hombre de confianza de Mussolini que redactó el Código penal que inspiró al nuestro y muchos latinoamericanos).
Estos son solo algunos de los elementos que provocan el estado de increíble desprotección que viven los uruguayos.
También se prohibe a los mecanismos de seguridad facilitar delitos para encontrar a los responsables, y los recaudos para la protección de informantes y testigos calificados son francamente malos, cuando no inexistentes.
Por tratar solo un tema risueño: la policía tiene a su cargo los problemas de tránsito, en contra de las disposiciones constitucionales, que ponen esta actividad a cargo de las intendencias, y que es una de las principales funciones de las policías de los gobiernos departamentales.
A pesar de ello, recientemente se pusieron centenares de funcionarios policiales para “ayudar” los contralores del tránsito, lo cual no sería tan grave, si no fuera que el problema mismo de la seguridad que corresponde a la policía no admite distracciones.
Finalmente el tema del Ministerio de Justicia, que debería ocuparse de estas cosas. Ese Ministerio no existe en Uruguay y sus funciones están en manos de un Ministerio que se ocupa de la educación, de las bailarinas de ballet y de la sinfónica, entre muchísimas otras cosas.
Desde luego que estos temas no se estudian en la facultad de Derecho, que como los argentinos no preparan operadores para las responsabilidades que deberían tener, y el tema del derecho y la sociedad, no es bien visto en los abstractos e inútiles estudios legales.
En ese entorno kafkiano, se habla de un gobierno de creciente autoridad, sin citar el tema de las garantías, y los numerosos abogados, han desarrollado una particular habilidad en soslayar responsabilidades evidentes, ante la única consigna de fortalecer a la policía, que además es una de las más numerosas en el mundo comparativamente a la población.
En realidad la seguridad es una pieza importante en la teoría del péndulo (que tampoco se estudia en Facultad de Derecho, ni en ningún otro lado estatal).
La Teoría dice que el tema de la seguridad funciona en realidad como un fusible para controlar a la democracia, y que cuando se pasa de cierto nivel, viene una dictadura con su consiguiente manifiesto y desaparecidos.
Bueno eso es historia. En realidad el promedio de duración de un gobierno constitucional con garantías en América Latina, desde la época de la independencia es de menos de 20 años, y los uruguayos, y la mayoría de los países de América Latina, ya han pasado ese lapso de tiempo.
De cualquier forma, no se va a lograr nada, omitiendo estos temas, tanto de la academia, como del debate político práctico.
A la luz del actual panorama, no parece probable que sean los abogados los que pongan el tema en la mesa, pero debe hacerlo la sociedad civil.
No debemos olvidar, que el derecho es algo demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de abogados.
Carlos Aparicio