Banderas caídas
(23 de noviembre de 1999)
La exclusión del Partido Nacional del Bipartidismo Uruguayo, no se debe a sus enemigos de adentro o de afuera sino en el apartamiento de su dirigencia de los principios que motivaron su fundación.
Decía un trabajo periodístico:
"Víctimas del fanatismo, de la ignorancia, de la tradición, de la herencia de la colonia, lo orientales de nuestros campos se van.
"Es necesario salvar a nuestra raza de esta decadencia, antes que llegue a ser incurable, y para ello no hay mas que un medio único: incoporarla al movimiento de la vida moderna.
"La Paz, la libertad y la industria son las reinas del mundo moderno. La democracia reposa sobre dos fundamentos inconmovibles, el orden industrial y el goce de la libertad.
"Es necesario incorporarnos al movimiento universal; la marea creciente del progreso nos envuelve por todas partes: ¡Hay de los pueblos que no se ponen a la altura del nivel común!"
No se trata de una fundamentación para pedir el voto en el balotaje, sino que es un editorial del periódico "La Democracia" de fecha 4 de agosto de 1872 cuyo cometido explícito era difundir la plataforma de principios del club Nacional, que después se convertiría en Partido Nacional.
En esos principios aparecen como medulares, la reforma de la Justicia descentralizándola y la Introducción de Jurados Populares, la reforma de la administración pública, por descentralización y aumento de contralores y por consiguiente aumento de la moralidad pública.
Es esta plataforma de principios que da un fundamento ideológico a la serie de alzamientos armados y guerras que pautarán el fin del siglo pasado. No se trataba de "aire libre y carne gorda", (que fue la consiga trivial de alguna leva militar) sino de la aplicación del programa de principios nacionalista, que estaba inspirado fuertemente en las ideas de Tocqueville.
El Uruguay que se funda en 1907, es producto de un pacto entre estas ideas y el intervencionismo batllista triunfante en la guerra de 1904.
Es recién en este año que se funda la Suprema Corte de Justicia y comienzan a funcionar los jurados en forma práctica, estableciéndose bases duraderas para una democracia institucional.
Las bases jurídicas para el moderno Uruguay, duran 26 años, lo cual es todo un récord de permanencia institucional dada la volatilidad de los gobiernos democráticos uruguayos del siglo diecinueve.
Pero aún así, dura poco, en 1933, el golpe de estado de Terra termina con los sueños de un Uruguay liberal y democrático.
Europa sigue siendo el modelo a imitar, y esto no cambio ante el triiunfo espectacular del nazi fascismo.
El Código Penal Uruguayo es practicamente un duplicado del Código Rocco (Ministro del Interior de Mussolini), la imitación se extiende a otros aspectos, dentro de los cuales está como parte mas visible la prohibición del juicio por jurados y la acentuación de los principios de secreto en el proceso penal.
Esto es solo el comienzo del superestado.
Los poderes a la burocracia pasan al área del derecho público, llegándose a prohibir a los jueces comunes la aplicación de la constitución, la cual debe ser exclusivamente aplicada por la Suprema Corte.
Se acentúa el modelo policial Napoleónico, constituido por una única policía militarizada.
De esta época es la creación de un proceso administrativo constituido por una revisión tardía, y donde el juez de primera instancia es el propio funcionario cuestionado lo que luego va a ser el Contencioso Administrativo.
Cuando termina la gran guerra mundial de 1945, se inicia en todo el mundo una liberalización y una revisión del derecho autoritario.
Por ejemplo, el juicio oral y público y los jurados populares son instalados en Alemania, Italia, Francia, e incluso en Japón, país que carecía por completo de tradiciones democráticas.
Como Uruguay había tomado partido por las potencias aliadas democráticas, escapó a una revisión de sus instituciones jurídicas, y no hizo internamente un crítica del Terrismo y su legado.
Por el contrario, la Constitución de 1952, que establece un simpático colegiado, es en realidad la creadora de una verdadera dictadura administrativa, donde incluso los funcionarios no pueden ser demandados ante los tribunales directamente donde además se legitiman todas las instituciones autoritarias mencionadas precedentemente.
El derecho uruguayo de postguerra presenta graves grietas y avenidas por las que puede transitar el autoritarismo, y éstas no demoran mucho tiempo en recorrerse, mediante el pachequismo y la dictadura militar.
La dictadura militar termina en 1985, otra época de ventura para la humanidad.
En el marco del fin de la guerra fría, se crea un entorno de liberalización y búsqueda de instituciones liberales.
Portugal y España, ensayan fórmulas nuevas. Se introducen contralores a la administración, juicio oral, jurados populares efectivos, diversificación policial, potenciación de fiscalías, mejoras en la seguridad pública.
No en Uruguay.
Luego de un período de apertura de 5 años, que permitió la Sanción de C.G.P., se emitieron claras señales, que este tímido código era lo máximo que podía llegarse.
Incluso este Código que establece el juicio oral en materias civi-les, se esta aplicando en forma reluctante y parcial.
El fin del milenio, muestra al Uruguay y algunas democracias latinoamericanas en un panorama paradójico y desconcertante. Sus dirigentes deslumbrados por los brillos de la aristocracia europea, van a nutrir sus alicaídos egos junto a monarcas y aristócratas de Europa. Estos países europeos sin embargo se encuentran en fuertes procesos de renovación institucional y americanización que son ignorados por estos advenedizos.
En nuestros días, España es en los hechos un país descentralizado y casi federal, tiene jurados populares, respeta sus autonomías y culturas locales, tiene procesos de control administrativo, tiene juicio oral en materia penal y civil, y amplia participación en todos los nive-les, tiene policías locales y diversificadas, tiene fuertes sindicatos policiales, tiene fiscalías organizadas.
En cambio en Uruguay nada de ello es posible porque las dirigencias quieren hacer creer que la herencia borbónica de la legislación de partidas es muy difícil de combatir.
Nada de esto es responsabilidad exclusiva del Partido Nacional, sino que lo es de todos los partidos, inclusive de los partidos de izquierda, pero el Partido Nacional, es el primero en sentir las consecuencias, porque es el único fundado precisamente para luchar por es-tos valores que fueron abandonados para ser sustituidos por la burocratización y el facilismo.
Estos temas no son un tema central de la actual campaña presidencial, por lo que parece ser que por ahora, estas banderas seguirán caídas.
Quizás no por mucho tiempo.
Carlos Aparicio